Recordando lo obvio

Rafael de Asís reflexiona sobre la toma de decisiones en el contexto de la ética pública y con los derechos humanos como referente.

Cada vez estoy más convencido sobre la necesidad de recordar lo obvio en momentos como el actual, en los que se ponen a prueba aspectos esenciales de nuestra convivencia. Por ello, voy a escribir sobre derechos y situaciones de vulnerabilidad.

Pero antes no quiero desaprovechar la ocasión para mandar un abrazo y ánimos a toda la comunidad universitaria y, especialmente, a todos/as aquellos/as que han perdido a alguien próximo o han sufrido muy de cerca la pandemia.

Enfrentarnos a situaciones extremas, situaciones que plantean dilemas, no es algo inusual. En la Universidad nos gusta utilizar ejemplos (como el del bebé cuyo llanto puede descubrir a los huidos, el famoso dilema del tranvía o, recientemente, los vehículos sin conductor) para poner de manifiesto jerarquías entre valores o maneras de solucionar conflictos entre derechos.

Ciertamente, podemos pensar que la situación actual es diferente al ser real y con un origen complejo, afectar a bienes fundamentales (entre ellos la vida), plantearse en escenarios de escasez o proyectarse en toda la población mundial. Ahora bien, decisiones que afectan a la vida de las personas y a sus planes de vida se toman a diario y, en determinados momentos, en contextos que obligan a priorizar y sacrificar bienes.

Algunos de los criterios que se utilizan en estas decisiones forman parte de la ética pública. La ética pública es una ética situada, esto es, puede variar en el tiempo y en el contexto. Aún así, en el mundo contemporáneo es posible destacar unos contenidos mínimos de esa ética pública. Se trata de unos criterios que han venido acompañando a la humanidad desde la modernidad, pero que se hicieron universalmente fuertes precisamente al hilo de otra de las grandes crisis globales, la segunda guerra mundial. Estos criterios son los derechos humanos.

Los derechos humanos poseen así una doble cara. Por un lado son el referente básico de una ética correcta, y por otro, el referente básico de un Derecho correcto. Cuando los derechos humanos, además, forman parte del Derecho, su exigibilidad aumenta y se vuelve incuestionable.

Los derechos se presentan, tanto en el plano internacional como nacional, como las directrices que deben regir las decisiones de las políticas públicas. Por ello, la gestión y la recuperación de la pandemia que vivimos, y de sus efectos, debe hacerse tomando como referencia los derechos humanos. Se trata de algo obvio pero que parece haberse olvidado en algún momento de la gestión. Buena prueba de ello han sido algunos de los primeros documentos de sociedades médicas o incluso de instituciones públicas sanitarias sobre el establecimiento de prioridades en el uso de recursos sanitarios, en los que se dejaba a un lado a mayores y personas con discapacidad, manejando el criterio de la utilidad social desde una idea de dignidad humana expresión de un modelo humano capacitista valorado por su aporte o contribución social. Ojalá episodios como éste no se den en el diseño de la recuperación, aunque las actuaciones y declaraciones de algunos grupos políticos y económicos del país auguran todo lo contrario.

Situar la gestión y la recuperación de la pandemia en el discurso de los derechos no supone encontrar la solución precisa para cada problema que se plantee. Lo normal será (esto es lo habitual en la vida de los derechos) encontrarse con situaciones en las que la toma de decisión se realiza en un contexto de colisión entre derechos, es decir, hay dos derechos enfrentados o un mismo derecho a satisfacer para distintas personas. Se trata de elegir y ponderar, tomando una decisión que, aunque pueda afectar a un derecho, sea justificable desde el propio discurso de los derechos.

El discurso de los derechos es, sobre todo, un discurso de límites, esto es de rechazo de soluciones (los derechos humanos admiten diversas interpretaciones pero no cualquiera) y de enfoque, esto es, de orientación de soluciones (posicionamientos, fines). Y en ambos planos, este discurso ha estado siempre unido a la lucha contra la discriminación (no se entiende sin ella), prestando atención a la diversidad de las condiciones y situaciones humanas y rechazando el trato no justificado (ya sea igual o diferente) de éstas y, en especial de aquellas que de alguna manera expresan vulnerabilidad.

De alguna manera, en un sentido mínimo, los derechos funcionan como puntos de partida (por ejemplo situarse al lado de quien esté en una situación de vulnerabilidad) y como punto de llegada (por ejemplo rechazando opciones que discriminan a un grupo de personas).

En todo caso la gestión y la recuperación de la crisis que vivimos desde el marco de los derechos requiere de la participación de todos. La concreción de su sentido debe hacerse contando con la sociedad y, sobre todo, de nuevo, con quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. No deben darse soluciones, por muy técnicas que éstas sean, alejadas y no participadas. La participación permite contar con la experiencia de lo vivido y establecer escenarios alejados de la realidad previa a la crisis y que ahora han aflorado (como el trato a los mayores en determinadas instituciones).

Por último, es importante advertir que no basta con elaborar normas. El Derecho se presenta así como una herramienta necesaria pero insuficiente en estos momentos (o, mejor, siempre).

Los derechos necesitan estar reconocidos por las normas. Pero, al fin y a cabo, las normas tienen que ser interpretadas. Y una buena interpretación, una buena decisión interpretativa en materia de derechos requiere de formación. Esta formación no sólo debe proyectarse en los profesionales del Derecho. Los derechos están presentes en otros muchos ámbitos y sectores (la crisis que estamos viviendo lo demuestra todos los días) y por tanto, la formación en materia de derechos debería estar presente en el ámbito profesional y en los diferentes niveles educativos. Ello permitirá, además de conocer los derechos, concienciar sobre su importancia, algo esencial para lograr que estos sean eficaces.

Una de las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia es que formar en derechos humanos es una obligación que tenemos como sociedad.

Rafael de Asís es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Es responsable de la red “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE); del proyecto Madrid sin Barreras; director de la Revista Universitas y director de la Clínica Javier Romañach del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.